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Ángeles heridos

Ángeles heridos

Ángeles heridos
marzo 24
19:39 2012

“Fuera de la Iglesia no hay salvación”. “Dentro de la Revolución, todo, fuera de la Revolución, nada”. Esas dos frases de encierro podrían iluminar muchos de los misterios y ministerios de la próxima visita de su santidad Benedicto XVI a tierras cubanas.

Primero fue la idea. Después surgió un perímetro que permitió definir el dentro y el fuera. Una vez deslindado ese territorio —institución, campamento, santuario— llegó la necesidad de defenderlo a como diera lugar, incluso al precio de negar aquella idea, hermosa como un angelito, que estuvo en el origen de todo.

Cuando Benedicto XVI arribe a La Habana podríamos estar asistiendo a algo más que a la visita de un jefe de estado, al encuentro entre dos contrarios ideológicos o al peregrinar de un pastor en busca de sus ovejas descarriadas. La llegada de Su Santidad podría marcar, a partir del abrazo protocolar inevitable, el entendimiento y la negociación entre dos instituciones cerradas.

La Iglesia Católica y el castrismo tienen mucho más en común que las felicidades pospuestas al paraíso y al futuro luminoso; que el amor utilizado como punta de lanza, o que esa extraordinaria capacidad para lograr que sean otros los encargados de alimentar y vestir a sus feligreses. El castrismo y la Iglesia Católica son dos instituciones cerradas que comparten el mismo agobio ante un mundo cada vez más abierto.

Las instituciones cerradas tienen, entre sus muchos defectos, una extraordinaria vulnerabilidad a la corrupción. Esa vulnerabilidad parte de un hecho muy simple: al ser la defensa del perímetro —institución, campamento, santuario— la tarea fundamental, y la razón de la existencia, se hace muy difícil aceptar, investigar o castigar, cualquier actividad que de ser reconocida podría terminar manchando o debilitando eso que hay que defender a toda costa. El resultado son una tolerancia y una desidia que proyectadas en el tiempo se convierten en inmunidad.

Los cubanos conocen muy bien la corrupción crónica del castrismo. Unos por razones personales y otros por el hecho de que esa corrupción ha alcanzado unos niveles tan altos que ha llegado a comprometer, o a  amenazar, la misma existencia del campamento castrista, algo que ha obligado a la cúpula gobernante a un reconocimiento público y una supuesta lucha. Digo supuesta porque nunca ha alcanzado a reconocer que esa corrupción es intrínseca a la cerrazón del perímetro que se pretende defender.

La corrupción dentro de la Iglesia Católica, sin embargo, no es muy conocida por los cubanos no exiliados. La prensa castrista siempre se ha encargado de darle escasa cobertura, o de hacerlo de una forma muy superficial; algo que llama extraordinariamente la atención si se tiene en cuenta que el catolicismo es, para muchos castristas, el único y verdadero enemigo ideológico de la revolución.

Durante los años ochenta la Iglesia Católica sufrió, de forma pública y notoria, uno de sus más grandes escándalos de corrupción económica. La quiebra del Banco Ambrosiano, que tenía como principal accionista al Instituto para las Obras de Religión —conocido popularmente como Banco Vaticano— dejó al descubierto, además de pérdidas por un valor de varios millardos de dólares, una trama de manejos turbios, conexiones con la violencia organizada, e inmoralidades dignas de la más exquisita cólera de Nuestro Señor.

El director del Instituto para las Obras de Religión en aquel momento, el arzobispo estadounidense Paul Marcinkus, fue procesado judicialmente como cómplice de la bancarrota del Banco Ambrosiano y sólo pudo escapar de la justicia italiana gracias a la inmunidad diplomática reclamada por el Vaticano. A su vez, Roberto Calvi —presidente del Banco Ambrosiano cuando estalló el escándalo— fue hallado, en junio de 1982, colgando de la estructura del puente Blackfriars en Londres. En los círculos financieros y en la prensa se le conocía como el “Banquero de Dios”.

Por si fuera poco, a los casos de corrupción e ilegalidad financiera de la Iglesia Católica se sumaron, a mediados de los años 80, otros que desgraciadamente rebasan el reino del escándalo y la podredumbre, para entrar en el infierno del dolor indecible y la condenación de las almas.

A partir del año 2000 el mapa de las denuncias empezó a extenderse por todo el planeta. Hoy día la lista de demandas interpuestas, de demandas en curso, o ya arregladas financiera y moralmente, muestra países de todos los continentes, de todas las culturas y de todas las razas. La magnitud de los daños económicos y espirituales es tan grande que compromete, por primera vez en varios siglos, la propia existencia de la Iglesia Católica tal como la conocemos en la actualidad.

En el año 1985 el párroco Gilbert Gauthe se declaró culpable de once cargos de abuso sexual a menores ante un tribunal del estado de Luisiana. Aunque ese no fue el primer caso de ese tipo tramitado por una corte estadounidense sí fue el primero que recibió una amplia cobertura mediática que dio lugar, lenta pero inexorablemente, a una ola de denuncias y demandas civiles y judiciales.

Muchas de esas demandas se iniciaron en la ciudad de Boston, en el Estado de Massachusetts. En 1992, por ejemplo,  el Reverendo James Porter, de la diócesis de Fall River, fue acusado de abuso a menores en cinco estados de la Unión entre los años 1960 y 1970. Eventualmente Porter se declaró culpable de 41 de los cargos imputados. En 1999 el párroco John Geoghan fue acusado de violación de menores, hallado culpable y condenado a diez años de prisión. En el 2002 fue asesinado mientras cumplía condena.

Ya desde el principio de esa avalancha de denuncias y demandas legales quedó claro que muchos de los acusados habían sido señalados como pedófilos años antes y la Iglesia no sólo había sido incapaz de ponerlos ante la justicia, separarlos de su oficio, o impedir que actos como los denunciados volvieran a repetirse. No, muchos de esos pedófilos fueron tratados con una discreción y un secretismo que lindan en la protección, el encubrimiento y la complicidad. Fue eso, más que ese sensacionalismo al que la Iglesia intentó culpar, lo que sirvió de catalizador para que muchos abusados dieran el doloroso y valiente paso de salir del anonimato y denunciar algo que ya creían haber rebasado —o tabicado— en sus conciencias.

Durante la década de los noventa una enorme cantidad de procesos judiciales por abuso a menores fueron abiertos contra miembros activos o retirados de la Iglesia Católica a todo lo largo y ancho de los  Estados Unidos de Norteamérica. Lo que inicialmente se pretendió presentar como una moda local, en uno de los estados más liberales de la Unión (Massachusetts), se fue extendiendo hasta el punto de convertirse en un fenómeno nacional.

De todas esas investigaciones emergieron tres imágenes sobrecogedoras, la primera y la más importante: el dolor de miles de víctimas, católicas en su inmensa mayoría, que vivieron durante décadas con la confusión propia y  el desamparo de aquellos en los que ellos —o sus padres— habían confiado; la segunda fue el encubrimiento y la complicidad evidente de una jerarquía católica que —ocupada como siempre ha estado en proteger la institución que representa— fue incapaz de pensar en las víctimas y darle protección a sus feligreses; la tercera fue que los abusos sexuales ocurrieron a todos los niveles de la Iglesia, desde párrocos hasta obispos, pasando por las diócesis, las órdenes religiosas (jesuitas incluidos), las escuelas católicas, los reformatorios y los orfanatos.

A inicios del año 2002 el periódico Boston Globe publicó una serie de artículos (que fueron reconocidos después con el prestigioso Premio Pulitzer) encaminados a informar, denunciar y llamar la atención de la opinión pública sobre los casos de abusos sexuales en la instituciones católicas, el encubrimiento de la Iglesia, y las maniobras de ésta encaminadas a controlar el daño económico y moral que se le venía encima.

En el año 2004, ante la presión cada vez más creciente de la opinión pública, y de muchos católicos indignados, la Conferencia de  Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB por sus siglas en inglés) comisionó al Colegio de Estudios Criminales John Jay una investigación sobre los casos de abusos sexuales en la Iglesia entre los años 1950 y 2002. Los resultados de esa investigación, que hoy se conoce como el Informe John Jay, se basaron en encuestas —llenadas por las diócesis de la Iglesia Católica en los Estados Unidos— que fueron diseñadas para encontrar, siempre desde el más estricto anonimato de víctimas y victimarios, un estimado, aunque fuera lejano, de los casos de abuso sexuales contra menores de 18 años perpetrados en esas diócesis.

Las cifras, a pesar de sólo representar la punta de un témpano, son espeluznantes. 4392 párrocos fueron identificados como abusadores sexuales. De ellos se sabe que 143 cometieron sus actos en más de una parroquia.  El número de víctimas reportadas fue de 10,667; de ellas el 22% eran menores de 10 años, el 51% tenía una edad entre 11 y 14 años, y el 27% correspondió a edades entre 15 y 17 años. Un número sustancial de niños muy jóvenes (casi 2000) fueron abusados durante ese período. El 81% de las víctimas fueron identificadas como de sexo masculino.

Al momento de su publicación (año 2004) el Informe John Jay estableció un estimado de más de 500 millones de dólares pagados por la Iglesia Católica para resolver las disputas legales relacionadas con casos de abuso sexual en los Estados Unidos de Norteamérica. En el año 2009, sin embargo, el monto de ese estimado aumentó a una cifra cercana a los tres millardos de dólares (http://www.advancedchristianity.com/Pages/CBS/CBS.htm). Esos pagos, por desgracia, distan mucho de representar la cifra tope de una pesadilla ya terminada.

Tradicionalmente las leyes estadounidenses han reconocido que un demandante tiene hasta cinco años, después de cumplir los 18, para presentar una demanda legal por abusos sexuales durante su niñez. A mediados de la década de los noventa varios estados de la Unión presentaron propuestas legislativas encaminadas a incrementar ese período hasta una década, o más. En junio del 2009 el Obispo de Brooklyn, Nicholas A. DiMarzio, puso, literalmente, el grito en el cielo y dejó bien claro que si cualquiera de esa nuevas propuestas de leyes —de prescripción de delitos— eran aceptadas, se generaría un devastador efecto dominó en el que varias diócesis tendrían que declarar bancarrota, cerrar iglesias, escuelas, y muchos otros servicios.

A partir de los años ceros la situación de la Iglesia Católica —con respecto a los crímenes sexuales y su encubrimiento— lejos de mejorar empezó a tornarse cada vez más difícil. Una vez más la razón fue esa absurda creencia de estar ante un fenómeno local. De inicio fueron Boston y Massachusetts por ser liberales. Después fueron los  Estados Unidos, una sociedad eminentemente protestante que tiene, además, un absurdo trauma con el sexo y una extraordinaria debilidad por el sensacionalismo.

Pero, ¿y el mundo?

A partir del año 2000 el mapa de las denuncias empezó a extenderse por todo el planeta. Hoy día la lista de demandas interpuestas, de demandas en curso, o ya arregladas financiera y moralmente, muestra países de todos los continentes, de todas las culturas y de todas las razas. La magnitud de los daños económicos y espirituales es tan grande que compromete, por primera vez en varios siglos, la propia existencia de la Iglesia Católica tal como la conocemos en la actualidad. A Roma, esta vez, podrían no salvarla los gansos.

Una de las cosas que más llama la atención en todo este asunto es la ausencia — ¿casual?— de demandas de ese tipo en Cuba. Las explicaciones de esa ausencia podrían ser muchas y muy variadas, pasando algunas de ellas por las asunciones y deducciones que resultan inevitables, o necesarias, cuando se analiza el comportamiento de las instituciones cerradas. El único dato de utilidad que tenemos es que el 68% de los curas señalados en el Informe John Jay como pedófilos (o efebófilos) fueron ordenados como tales entre 1950 y 1979; fechas que encajan muy bien con la influencia de la revuelta castrista en la sociedad cubana.

¿Cuáles podrían ser las razones de esa ausencia de denuncias en Cuba?

Una explicación posible, aunque extraordinariamente improbable, es que por razones de azar los curas ordenados o enviados a Cuba se portaron bien y no hubo abusos. Digo improbable porque estando en Cuba supe, a nivel personal, de dos casos de familias extraordinariamente católicas, y anticastristas, que se negaron a seguir llevando a sus hijos a la iglesia por sospechas de pedofilia. Una de las madres de esas familias se explicó con una frase memorable: “mi hijo no va a la Iglesia porque sus nalgas son tan sagradas como el Corazón de Jesús”.

Otra explicación posible es que el triunfo de la revuelta castrista impidió, a partir del acoso, el encarcelamiento y/o la expulsión de los curas, que los abusos llegaran a alcanzar las cifras que muestran otros países.

Por último, existe la posibilidad de que la prevalencia de esos abusos no sea tan importante como su conversión en denuncias; o sea, que en el contexto de una prevalencia estándar o disminuida —lo mismo da— lo que realmente podría diferir en Cuba es que el reconocimiento de esos abusos, y su ulterior conversión en denuncias y demandas legales, estuvo modulado —o está siendo modulado— por factores externos.

¿Cuáles podrían ser esos factores?

Uno que salta a la vista es el conflicto Iglesia-Castrismo. Para muchos católicos denunciar los abusos sexuales sufridos por ellos, o por sus familias, habría sido darle municiones al castrismo en su lucha contra la Iglesia. Otro es la enorme homofobia que siempre ha sufrido y todavía sufre la sociedad cubana. Si aceptamos que en Cuba el 81% de las víctimas también podrían ser del sexo masculino, estaríamos aceptando que para muchas de esas víctimas hacer una denuncia sería reconocer un acto homosexual, algo que en Cuba todavía es tabú.

Por último hay que considerar la posibilidad de que —aunque sea en un número reducido de casos— algunos de esos abusos fueron denunciados  pero nunca alcanzaron a ser ventilados públicamente por la llamada “justicia revolucionaria”; ya sea porque las leyes cubanas son muy “relajadas” a la hora de juzgar esos casos, o porque el castrismo decidió sobreseerlos de alguna forma y guardarlos así, denunciados y bien documentados, para su ulterior uso en el juego político contra la Iglesia Católica.

La pregunta, entonces, es: ¿Tiene el castrismo en su poder un expediente sobre supuestos abusos sexuales perpetrados por algunos de los miembros de la Iglesia Católica en Cuba? Si la respuesta es negativa podemos respirar aliviados y asumir que el comportamiento errático de la Iglesia Católica cubana, en los últimos años —meses, días—, no se debe a razones de sobrevivencia de la Institución, sino a las malas decisiones de algunos individuos. Ahora bien, o mal, si la respuesta es positiva… que Dios nos coja confesados.

Un expediente de ese tipo pondría a la Iglesia en jaque perpetuo y la obligaría a plegarse al castrismo por un largo tiempo. No se trataría, como en el resto del mundo, de denuncias personales y aisladas, de juicios y arreglos entre individuos más o menos vulnerables y una institución poderosa. No, sería un asunto entre estados, con denuncias colectivas y  pruebas aderezadas con las escuchas y filmaciones —reales o inventadas, qué más da— hechas por los mismos “kajoteros” (miembros del tristemente célebre departamento K-J de la inteligencia cubana) que después olvidaron, como aviso o “error”, uno de sus micrófonos —casualmente un modelo de los que ellos usaban por allá por los años sesenta— en la casa donde se hospedaría Juan Pablo II durante su visita a Cuba.

En una campaña de ese tipo el castrismo estaría dispuesto, quién lo duda, a mostrar los transcriptos —reales o inventados, qué más da— de las comunicaciones interceptadas entre la Iglesia cubana y el Vaticano, para así “probar” el encubrimiento institucional y la complicidad. Además de darle al asunto una dimensión extraterritorial exagerada, con denuncias, de ser posible, hechas también por cubanos exiliados, y con tantos vínculos y alusiones como se pueda a la famosa Operación Pedro Pan. Todo eso aderezado con una agitación internacional a la que se sumarían, con fruición, esos izquierdistas trasnochados que todavía creen en Fidel Castro y esos defensores de la Teología de la Liberación que son tan amigos del castrismo y que el Cardenal Ratzinger se encargó de censurar, o excomulgar, antes de convertirse en Benedicto XVI.

En una situación como esa los Papas no irían a Cuba a catalizar la caída del régimen o a evangelizar ateos, irían a negociar discreciones y silencios. En una situación como esa la Iglesia Católica estaría obligada a hacer concesiones inimaginables, como esa de darle la absolución al mismísimo diablo, mientras reza para que ninguno de aquellos niños, otrora maltratados, se convierta en un ángel caído.

Sobre el autor

César Reynel Aguilera

César Reynel Aguilera

César Reynel Aguilera (La Habana, 1963) es médico, bioquímico y escritor. Sus artículos y ensayos son frecuentemente reproducidos en publicaciones digitales e impresas de varios países. Ha publicado la novela “R.U.Y.” (Alexandria Library, Miami) y, con la misma editorial, “Monólogo de un tirano con Maquiavelo”, un libro inspirado en la muerte del líder cívico Oswaldo Payá Sardiñas. Se exilió en Montreal, Canadá, en 1995, y aún reside en esa ciudad.

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