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Cuba y las sanciones virtuosas

Cuba y las sanciones virtuosas

Cuba y las sanciones virtuosas
marzo 21
10:12 2015

Este artículo es el segundo de una serie de tres. Están conectados por el tema central que es el restablecimiento de las relaciones entre los EE UU y Cuba. El primero presentó su argumento desde un ángulo de practicidad. El segundo defiende el principio de las sanciones. El tercero resumirá la premisa desde una óptica ética.

Se dice que, históricamente, las primeras sanciones las impuso el ateniense Pericles contra Megara en 432 a. C. Y todo el tiempo transcurrido no ha logrado concretar un consenso exacto dentro de las ciencias sociales y las humanidades en cuanto a la “efectividad” de sanciones como una herramienta para producir, o contribuir a que se produzca, un cambio de régimen político. Esta diversidad de criterio se puede atribuir a tres factores principales: (1) la inclinación ideológica del observador y el régimen particular sancionado; (2) la voluntad del que impone las sanciones para producir los resultados deseados; y (3) la cohesión dentro del mundo libre para reforzar dichas sanciones.

Immanuel Wallerstein, sociólogo norteamericano de formación marxista, categorizó la movida por parte del gobierno de Barack Obama de restablecer relaciones con Cuba comunista como “la decisión de política exterior más favorable que este (Obama) había tomado en su presidencia”. Interesantemente, treinta y ocho años antes y en esa ocasión tratándose de la Sudáfrica racista y no de un régimen marxista-leninista, el promotor de la teoría del sistema-mundo recetó sañudamente sanciones draconianas para propulsar un cambio socio-político. Así lo expresó Wallerstein:

“Sorprendentemente, se argumenta que el fortalecimiento de la base económica del régimen del apartheid blanco, de hecho, traería cambio. Esto no tiene sentido y los que lo dicen lo saben… La inversión norteamericana continuada en Sudáfrica, en cualquier forma, es apoyo norteamericano continuado al régimen en el poder. Aquellos que deseen apoyar el cambio en Sudáfrica tienen sólo dos maneras de lograrlo: (1) la asistencia activa al movimiento de liberación; (2) una convocatoria para que los Estados Unidos inicie la desinversión económica y el distanciamiento político del actual Estado sudafricano. El resto es un sofismo”.

La paradoja que Wallerstein exhibe refleja una consistencia ideológica pero una inconsistencia moral y ética. Este fenómeno, lamentablemente, tipifica el entorno político, académico y cultural en cuanto al criterio de si se está a favor o en contra de aplicar sanciones. Lo fundamental para entender esta aseveración no es si las sanciones son efectivas o no, sino sobre quién se van aplicar. Ahí la subjetividad ideológica (o los intereses comerciales) se antepone.

Ahora bien, ¿funcionan las sanciones como instrumentación para producir un cambio de régimen? Wallerstein, sin duda, estaba convencido de que sí, de lo contrario la lucha armada o la conspirativa serían los otras únicas vías factibles para lograr cambios sistémicos cuando la dictadura política se extiende en la esfera social, como era el caso de Sudáfrica racista, como lo fue con el fascismo y lo sigue siendo con el comunismo (del siglo XX y XXI). Reiteramos el punto de que el connotado sociólogo estadounidense quería que se derrocara el sistema de apartheid sudafricano pero no el comunismo cubano. Lo que enmendó no fue su lectura del efecto de las sanciones. La confianza en la capacidad de las mismas para ayudar a llevar a la extinción a un poderío político indeseado, ha permanecido inmutable. Es la retórica, modulada por la selectividad ideológica, lo que vemos ajustarse.

El Congreso de los EE UU, el 10 de octubre de 1978, le declaró la guerra económica a la dictadura de Idi Amín, pese a las objeciones del presidente James Carter. Seis meses después, su régimen dictatorial en Uganda se desplomó. Los EE UU actuó unilateralmente, sin la aprobación de la comunidad internacional o las Naciones Unidas. La rama legislativa norteamericana, de manera bipartidista, actuó para ayudar producir un cambio de régimen por medio de sanciones económicas. Aunque es innegable que los cambios sistémicos tienden a ser fenómenos coyunturales, también es difícil de cuestionar el impacto que tuvo el cerco comercial de los EE UU al régimen de Idi Amín. Sudáfrica es prueba fehaciente de que las sanciones, definitivamente, trabajan. El caso de Uganda lo reitera, incluso, cuando es aplicado unilateralmente (y con ganas) por una superpotencia como los EE UU.

La Sociedad de Naciones (“SDN”) (o Liga de las Naciones), criatura del Tratado de Versalles de 1919, fue fundamentada con el principio de las sanciones como mecanismo para producir cambios políticos y así evitar tener que ir a la guerra. Woodrow Wilson, el autor intelectual de este organismo preludio de la ONU, fue un creyente dogmático en los boicots absolutos contra regímenes recalcitrantemente aferrados a la práctica de desestabilizar las democracias. Benito Mussolini puso a prueba la disposición de la SDN cuando Italia fascista invadió lo que es hoy Etiopía. Gran Bretaña y Francia ambivalentemente sabotearon las sanciones. Las mismas no impidieron la agresión del fascismo italiano contra Etiopía. Eso es cierto. También es cierto, sin embargo, que un costo a la maquinaria expansionista de la dictadura mussoliniana sí le transmitió. Cuán influyente habrá sido eso en limitar los planes africanos de Il Duce, nunca lo sabremos.

El caso de las sanciones de la SDN contra Mussolini, si se fueran a catalogar como un “fracaso”, sería porque las expectativas de dicha acción fuesen la desarticulación total de la incursión italiana en África y nada más. Juzgadas así, la negligencia de los miembros democráticos europeos de más influencia dentro del organismo (Francia y Gran Bretaña) y la renuencia de los mismos de aplicarlas con los colmillos inherentes (excluyeron el petróleo, por ejemplo), en efecto, sabotearon los propósitos principales de las medidas punitivas. Las sanciones sin entusiasmo y sin voluntad política, en verdad, no tienen los efectos máximos. Sin embargo, eso no quiere decir que fueran inefectivas. Sería injusta (e incompleta) una apreciación que ignorara los impactos colaterales favorables, como, por ejemplo, la elevación de los costos de operación de una dictadura. Esto nos lleva al punto seminal del principio de las sanciones.

Toda dictadura se mantiene en el poder de acuerdo a su capacidad para coartar exitosamente la oposición política. El despotismo totalitario es, particularmente, más costoso de mantener porque es más ambicioso en su proyecto político y, subsecuentemente, requiere más control sobre lo más elemental. Todo eso cuesta dinero, y mucho. Las sanciones le niegan recursos esenciales a una dictadura. Frustran proyectos hegemónicos y les reducen alternativas para sustentarse en el poder. Tan sencillo como eso. ¡Reprimir, valga la redundancia, requiere capital! La permanencia en el poder de dictaduras totalitarias, en ningún caso, ha sido atribuible a la capacitación del régimen para mantener fuera de su territorio a turistas, empresas, créditos o tecnología de países democráticos. Más bien han apuntado, como medida de salvación estratégica, precisamente a abrirle la puerta a los elementos mencionados. El razonamiento dictatorial es fácil de entender: del exterior democrático y capitalista, incluyendo naturalmente la diáspora, llega el dinero necesitado para alimentar la maquinaria dictatorial y represiva, que es la variable más potente para explicar la supervivencia despótica.

Cuba comunista lleva años invirtiendo enormes sumas de dinero intentando impactar a la opinión pública del mundo democrático a favor de que los EE UU remueva las sanciones contra su dictadura. Ha sido y sigue siendo la campaña medular de su política exterior. Si las sanciones norteamericanas contra el castrocomunismo son tan inefectivas, ¿por qué tanto énfasis en removerlas? ¿Por qué tanta obsesión con el “embargo”? ¿Acaso no le sobran a Cuba problemas? ¿No tienen nada mejor que hacer?

Las sanciones que existen, por parte de los EE UU contra el régimen comunista cubano, sí preocupan a la dictadura de La Habana, porque las sanciones sí funcionan. Este es el caso a pesar de todos los enormes agujeros que numerosas administraciones estadounidenses, acumulativamente, le han infligido a las sanciones. La deuda del castrismo con Argentina por comprar productos de empresas norteamericanas (deuda adquirida durante el régimen militar) y los cuatro mil millones de dólares en compras directas de productos agrícolas estadounidenses desde 2000, dan testimonio que las sanciones a través del tiempo han sido atenuadas. Pudiéramos añadir la deuda castrista con los bancos del Club de Paris y el inaplicado Capítulo III de la Ley Helms-Burton, como otras muestras más (podíamos seguir) de que las sanciones norteamericanas contra el régimen castrocomunista no han sido draconianas como hubiera requerido el caso si el claro objetivo fuera producir un cambio de régimen. ¿Han sido inútiles? Por supuesto que no. La contaminación del comunismo cubano en las Américas hubiera sido mucho más dañina de no habérsele ocasionado una limitación a las divisas de los EE UU (ciudadanos, empresas, banca, etc.). Las modestas modificaciones en la economía y la tolerancia selecta de la dictadura cubana son productos fructíferos de las sanciones.

El régimen castrista conoce bien la importancia de las sanciones para facilitar cambios políticos. Son sanguinarios pero no son bobos. El 14 de marzo de 1958 el gobierno de Dwight Eisenhower impuso, unilateralmente, un embargo de armas contra la dictadura de Fulgencio Batista. Este fue el resultado de un largo proceso de cabildeo de los partidarios de los insurgentes. Menos de diez meses después, Castro estaba en el poder. Las sanciones funcionan. Si se quiere que trabajen mejor, la clave está en aplicarlas integralmente. Aun ejercidas con flojera, sirven al propósito de negarle los fondos necesarios al represor. Las sanciones tienen a los maleantes del mundo como sus mejores testigos de que sirven. Todos quieren que se las quiten. La dimensión de su efectividad está en la rigurosidad de su implementación. El resto es un sofisma.

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Sobre el autor

Julio M. Shiling

Julio M. Shiling

Julio M. Shiling es escritor, politólogo y director del proyecto “Patria de Martí” (www.patriademarti.com). Su último libro es “Dictaduras y sus paradigmas: ¿Por qué algunas dictaduras se caen y otras no?”. Tiene una Maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) y es miembro de The American Political Science Association (Asociación Norteamericana de Ciencias Políticas), del International Political Science Association (La Asociación Internacional de Ciencias Políticas) y del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio. Reside en Estados Unidos.

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