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Del tráfico humano en Cuba

Del tráfico humano en Cuba
abril 10
10:52 2017

 

Estimada Sra. Giammarinaro:

Acogemos con beneplácito su visita esta semana a Cuba y, a este respecto, deseamos expresar nuestra voluntad de ayudar a sus esfuerzos de la manera que usted considere apropiada. Aunque somos conscientes de que usted enfrentará importantes desafíos en su tarea, estamos seguros de que su integridad, profesionalidad y experiencia en estos asuntos garantizarán en gran medida el éxito de su misión. Pero no será fácil.

Permítanos ofrecer, respetuosamente, algunos comentarios sucintos que pueden ser útiles para usted en este asunto.

La sociedad cubana en la actualidad constituye un entorno propicio para que las instituciones estatales y los actores no estatales fomenten y se beneficien de diversas formas de trata de personas. Algunas de las características que facilitan esas actividades delictivas son la falta de libertades básicas como la de expresión, de prensa y el derecho a libre asociación.

El sistema político cubano no permite establecer sindicatos libres ni ninguna otra organización ciudadana que no esté sujeta al control gubernamental.

La combinación de la creciente pobreza y la falta de libertades básicas empuja a muchos ciudadanos a adoptar diversas estrategias de supervivencia como el ejercicio de la prostitución, pero también permite que las instituciones estatales se involucren en prácticas criminales -como el tráfico de trabajo no libre.

El Código Penal cubano no tipifica como delito todas las formas de trata y explotación sexual de personas y continúa sin considerar criminales ciertas acciones cometidas contra menores de edad entre 16 a 18 años a los que la legislación cubana estima adultos.

El presente Código Penal incluye una coartada que autoriza a ejercer la represión en contra de cualquier persona que considere inconveniente con el pretexto de garantizar la seguridad ciudadana: las llamadas “leyes de peligrosidad social”, similares a las aplicadas en la Italia de Mussolini.

La peligrosidad social o el llamado peligro predelictivo es un cargo legal bajo la ley cubana que permite a las autoridades detener y encarcelar a cualquier persona, si las autoridades piensan que es probable que pueda cometer un delito, con una sanción de hasta cuatro años de prisión.

Miles de mujeres han ido a la cárcel exclusivamente sobre la base de una evaluación caprichosa por un policía que decidió que estaban usando un vestido atractivo o estaban hablando con un turista.

Un nuevo grupo de mujeres (Movimiento Dignidad) que exige la supresión de tal aberración jurídica “y la inmediata liberación de los encarcelados arbitrariamente en la actualidad por esa razón” es reprimido con fuerza desde que su existencia se hizo pública.

La lucrativa exportación estatal de servicios médicos y otros servicios profesionales a otros países se organiza a lo largo de algunas de las características que caracterizan a la esclavitud moderna.

Las autoridades cubanas pagan sólo una fracción (menos del 20%) de los ingresos obtenidos a través de su trabajo, usualmente en lugares de riesgo, y obligan a los participantes a permanecer en el programa alegando amenazar con revocar sus licencias médicas si los participantes salen del programa.

Los médicos y las enfermeras que trabajan en estos proyectos han proporcionado informes de condiciones de trabajo y condiciones de vida deficientes y la presencia de “cuidadores” que conservan sus pasaportes y vigilan las actividades del profesional médico y sus relaciones personales fuera del trabajo.

Considerar que ingresan voluntariamente a estos contratos equivale a ignorar que lo hacen bajo la presión política de las autoridades cubanas y bajo la coerción económica de sus bajos ingresos en Cuba. Los salarios que les paga a los médicos la empresa estatal intermediaria cubana que exporta sus servicios son apenas un 20% de lo aquella cobra por el trabajo de esos profesionales. Sin embargo, aun así siguen siendo atractivos en comparación con los ridículos salarios promedio que ganan en Cuba (alrededor de $ 26 a $ 67 dólares estadounidenses por mes).

Estimada Sra. Giammarinaro, nos informaron que abogados cubanos independientes y otras asociaciones de la sociedad civil se enteraron de su visita el pasado viernes y exclusivamente por medio de la prensa cubana. Eso es preocupante.

La élite del poder cubano es incapaz de hacer viable la economía, pero es bastante eficiente para reprimir las voces independientes. Son expertos en llevar a celebridades y VIPs a un Magical Mystery Tour en la que tratarán de impresionarlos con “Potemkin Villages” y con vitrinas como CENESEX.

Por favor, tenga en cuenta que usted no está visitando una sociedad abierta. Los mensajes que escuchará fueron cuidadosamente escritos y ensayados de antemano para su visita. El acceso a su delegación será estrechamente filtrado y monitoreado.

La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba está dispuesta a ayudarle en la coordinación de entrevistas con representantes independientes de la sociedad civil durante su viaje o una vez que esté de vuelta en Europa. Le deseamos un buen viaje y todo lo mejor.

Sinceramente,

Dr. Juan Antonio Blanco
Director ejecutivo
Fundación para los Derechos Humanos en Cuba
www.fhrcuba.org

Carta abierta a la Sra. Maria Grazia Giammarinaro, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Trata de Personas, especialmente en mujeres y niños. 10 de abril de 2017.
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Sobre el autor

Juan Antonio Blanco

Juan Antonio Blanco

Juan Antonio Blanco Gil nació en La Habana y es historiador, ensayista y diplomático. Activista de derechos humanos y especialista en negociación y resolución de conflictos. Entre sus obras publicadas figuran 'Tercer Milenio, una visión alternativa de la postmodernidad' (1998), 'Cuba-Estados Unidos: imaginar los futuros posibles' (2004) y 'La sociedad civil ante el paradigma democrático' (2006). Actualmente es Director Ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Reside en Miami.

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