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La transición del Sistema Electoral cubano: El problema de la nominación (III)

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La transición del Sistema Electoral cubano: El problema de la nominación (III)

La transición del Sistema Electoral cubano: El problema de la nominación (III)
octubre 30
16:54 2017

El problema de la nominación fue resuelto mediante las Comisiones de Candidaturas. Estas se armaron a partir de una serie de instituciones heterogéneas que ya existían en la Ley 37, de muy distinta naturaleza unas de otras, a las cuales se homogeneizó en una sola y firme pirámide que se izó a todo lo alto del país, desde el municipio hasta la Nación. De este modo las instituciones municipales y provinciales, “integradas por representantes de las organizaciones políticas y de masas, designados por sus direcciones municipales, y presidida por el representante del Partido”, como definía dicha Ley en su artículo 76, o la Comisión de 23 miembros que de su propio seno elegía la AN del PP, según el artículo 126 también de esa Ley, pasaron a tener en la nueva, la 72, todo un título propio, el IV, y consiguientemente una naturaleza y estructura homogéneas.

Las flamantes “Comisiones de Candidaturas”, uniformadas y piramidalizadas, funcionarían a tres niveles: municipal, provincial y nacional. A su cargo tendrían la nominación de todos los candidatos a las Asambleas correspondientes, excepto a las municipales, que continuarían siendo nominados por el pueblo directamente en sus asambleas de barrio. Además se ocuparían de preparar las propuestas de candidaturas para absolutamente todos los cargos que eligieran todas las Asambleas electas, incluidas las municipales. Propuestas estas últimas que por tanto no nacerían ya de las Asambleas respectivas. Lo que de por sí significaba una involución, dado que en la Ley 37 al menos la AN del PP no dependía de una comisión externa a ella que se encargara de elaborarle las propuestas de candidaturas para ocupar sus cargos directivos propios, así como las propuestas de candidatos a miembros del Consejo de Estado en pleno: Según el artículo 126 de la Ley vieja la AN del PP elegía a una propia, dentro de sí misma, de 23 miembros, con ambas funciones.

De hecho en la Ley 37, que no le dedicaba ni tan siquiera un artículo independiente a las Comisiones, no se incluía la existencia de una Comisión Nacional de Candidaturas porque simplemente no existía (al menos de manera legal, en la práctica Fidel Castro era él mismo una Comisión Nacional que elaboraba a su libre albedrío las listas de nominados).

La concesión a las apariencias en las nuevas Comisiones de Candidaturas fue la de eliminar de ellas al representante del Partido. Recordemos que en las anteriores, designadas solo a nivel de municipio o provincia, en base a lo definido por la Ley 37 en sus artículos 76 y 77, era el representante del Partido parte integrante de las mismas y además su presidente. En las nuevas, uniformadas y piramidalizadas, la presidencia quedaría ahora en las manos del representante de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC, sindicato vertical del régimen); toda una muestra de los contrasentidos teóricos de la Reforma, pues mientras por un lado a la Constitución se la descargaba un poco de las referencias al carácter de estado de trabajadores del estado cubano estatuido por ella (como en la ya señalada transición del artículo 67 de la de 1976, al 69 del de la de 1992), paralelamente se le concedía a la organización específica de los trabajadores un papel de privilegio entre las demás organizaciones de masas y sociales.

Primera parte de la serie: La transición del Sistema Electoral cubano: Los cambios constitucionales

Por lo demás a los representantes de cada una de las seis organizaciones sociales y de masas que integrarían las Comisiones los continuarían eligiendo, como antes en la Ley 37, no las bases de dichas organizaciones, en asambleas generales de sus miembros, sino sus direcciones respectivas al nivel municipal, provincial o nacional.

Es necesario detenernos aquí en un aspecto que se evidencia en la nueva Ley Electoral: la conservación por las organizaciones sociales y de masas de sus funciones paraestatales, a pesar de la ya al inicio mencionada reforma del artículo séptimo de la Constitución de 1976: En la Ley 72 harían no ya exactamente lo mismo, sino bastante más, que en la 37.

Recordemos que si del artículo séptimo de la Constitución de 1976, al reformársela en 1992, se eliminó el segundo párrafo, aquel que establecía que:

“En sus actividades, el Estado se apoya en las organizaciones de masas y sociales, las que, además, cumplen directamente las funciones estatales que conforme a la Constitución y la ley convengan asumir”.

En la nueva Ley Electoral 72, aprobada solo algunos meses después de la Reforma Constitucional, los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) continuarán siendo la pieza clave en el proceso de elaboración de las listas electorales, algo tan central a cualquier proceso electoral, y en conjunto todas las principales organizaciones de masas y sociales monopolizarán ahora por entero los procesos de nominación. Al menos a posteriori de la elección del Delegado a la AAMM del PP (la tan publicitada nominación en asambleas de barrio).

Segunda parte de la serie: La transición del Sistema Electoral cubano: La transformación de la Ley

El carácter central de las dichas organizaciones en la estructura del estado cubano se manifiesta a las claras en el artículo 54 de la Constitución Reformada en 1992, que no sufrió cambios en la última reforma de 2002. En el mismo se establecen los derechos de reunión, manifestación y asociación, para lo cual la Ley aclara que no los ciudadanos, sino “los trabajadores, manuales e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo trabajador… disponen de los medios necesarios a tales fines” (obsérvese como se califican de “fines” lo que no son sino derechos). El problema está en que quienes poseen esos medios necesarios y “todas las facilidades para el desenvolvimiento de dichas actividades” (no derechos, repetimos) son las llamadas organizaciones de masas y sociales.

O sea, el estado cubano solo reconoce como la única forma de agrupación “política” válida aquella que pueden establecer entre sí los estamentos: los trabajadores, aparte de los estudiantes, los campesinos, los vecinos o las mujeres, o cualquiera de estos sectores sociales indicados segregados a su vez de los demás. Cualquier otra forma de agrupación, como la que pueda establecerse entre ciudadanos que consideran que la verdadera propiedad socialista es aquella que se gestiona por medio de cooperativas y no por medio de un monopolio estatal, es totalmente ilegal, y contraria a “lo establecido en la Constitución” (artículo 62 de la reformada en 1992).

De hecho ese es el papel que el estado castrista les señala con claridad a las organizaciones de masas y sociales, por lo menos a través de una de las principales leyes auxiliares de la Constitución Reformada en 1992, la Ley Electoral 72: Son ellas el sucedáneo de los partidos políticos en el sistema “político” cubano.

Sobre el autor

José Gabriel Barrenechea

José Gabriel Barrenechea

Investigador y periodista independiente cubano, durante años ha estado escribiendo artículos sobre cultura, historia y actualidad cubana para publicaciones independientes en la isla y el exilio, entre ellas 14ymedio, Convivencia, Cubaencuentro, Cubanet y Voces. También ha pertenecido al equipo editorial de revistas independientes como Cuadernos de Pensamiento Plural. Reside en Santa Clara, Cuba.

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