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La transición del Sistema Electoral cubano: La transformación de la Ley (II)

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La transición del Sistema Electoral cubano: La transformación de la Ley (II)

La transición del Sistema Electoral cubano: La transformación de la Ley (II)
octubre 28
16:25 2017

El 29 de octubre de 1992 la Ley 72 vino a sustituir a la Ley 37, de 3 de julio de 1982. El principal cambio de una ley a otra consistió en que si hasta 1992 los electores solo elegían, mediante su voto secreto, a los Delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular (AAMM del PP), a partir de esa fecha también votarían por los Delegados a la Asambleas Provinciales del Poder Popular (AAPP del PP) y por los Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular (AN del PP). Los cuales, hasta ese momento y según la referida Ley 37, resultaban electos por las AAMM del PP sin intervención directa del electorado.

Permitir que además de los Delegados a las AAMM del PP también se pudiera votar por los Delegados a las AAPP del PP, y más que nada por los Diputados a la AN del PP, implicaba un enorme reto para la estabilidad del régimen autocrático. No era lo mismo poner en manos de la ciudadanía la posibilidad de elegir a unos simples concejales de barrio, que de por sí contaban con unos poderes limitadísimos, a permitir que los ciudadanos eligieran a los Diputados de la AN del PP. Un órgano que la Constitución de 1976, en su artículo 67, definía como “el órgano supremo del poder del Estado”, el cual representaba y expresaba “la voluntad soberana de todo el pueblo trabajador”, lo cual era reafirmado por la Reformada ahora en el artículo 69, solo que ya sin el adjetivo “trabajador”. El régimen castrista se arriesgaba, con semejante cambio, a poner en manos de los ciudadanos el recurso ideal para recuperar la soberanía de las manos del Autócrata, si es que algunos de los Diputados electos decidían interpretar de modo efectivo lo que hasta ese momento no pasaba de puro retoricismo legal, sobre todo por la sumisión de la Asamblea (aunque no solo por ello, no se olvide el artículo 93 de la Constitución y el sinfín de poderes que pone en manos el Autócrata).

En general, y ya de por sí antes de cualquier maquiavélica manipulación inspirada por las necesidades intrínsecas de conservación del régimen autocrático, con semejante ampliación del derecho al voto la Ley Electoral se enfrentaba a un serio problema de credibilidad: ¿Cómo, sin permitirle a los ciudadanos reunirse en agrupaciones estables, con intereses comunes y fines políticos conscientemente asumidos, o sea, cómo sin permitir la existencia de partidos políticos, organizar nuevos procesos electorales que ya no habrían de limitarse a los a lo mucho par de centenares de electores que se veían involucrados en la nominación de un candidato a Delegado a la Asamblea Municipal del PP, o el poco menos de un millar que como promedio participaban en el proceso de su elección? ¿Cómo nominar y después someter a votación las candidaturas correspondientes cuando para elegir a un Delegado a la AN del PP se implicarían necesariamente decenas de miles de ciudadanos?

Primera parte de la serie: La transición del Sistema Electoral cubano: Los cambios constitucionales

Resultaba evidente que no se iba a poder repetir el mecanismo mediante el cual se nominaba y elegía a los Delegados a las AAMM del PP. Un mecanismo al que tan buen provecho, en el sentido de imagen pública, había sabido sacar el régimen castrista: En Cuba tenemos el sistema electoral más democrático del mundo, ya que no nominan los partidos, sino el propio pueblo, en asambleas ciudadanas, ha sido desde 1976 uno de los argumentos más exitosos de los propagandistas del régimen, uno de sus slogans más efectivos. Quizás el que más ha condicionado la favorable pero equívoca imagen que de nuestro sistema electoral se tiene más allá de nuestras costas, al menos entre los sectores no específicamente de derechas.

Para quienes armaron la nueva Ley el meollo de asunto estaba, por lo tanto, en permitir esa ampliación del voto ciudadano sin tener que renunciar a las limitaciones a la libertad de reunión que el estado castrista siempre ha creído, acertadamente, imprescindibles para su conservación. Debía ingeniarse alguna forma de agrupamiento político, no los partidos, claro está, que se ocupara de nominar a los Delegados a las AAPP del PP y los Diputados a la AN del PP, que ya era imposible nominar en asambleas de barrio. Debían, por último, diseñar un proceso de votación, y posterior escrutinio del voto, que por sí mismo anulara la capacidad real del ciudadano de aprovechar esa concesión de la Reforma, y que no dejara puertas traseras abiertas que se prestaran para que la ciudadanía pudiera escapar a través de ellas al control del régimen castrista.

Los problemas ante los legisladores eran en esencia dos: El problema de cómo nominar a los candidatos sin la intervención directa de la ciudadanía, y el problema de cómo someterlos al voto de esa ciudadanía sin que ese ejercicio pasara más allá de las meras apariencias.

Sobre el autor

José Gabriel Barrenechea

José Gabriel Barrenechea

Investigador y periodista independiente cubano, durante años ha estado escribiendo artículos sobre cultura, historia y actualidad cubana para publicaciones independientes en la isla y el exilio, entre ellas 14ymedio, Convivencia, Cubaencuentro, Cubanet y Voces. También ha pertenecido al equipo editorial de revistas independientes como Cuadernos de Pensamiento Plural. Reside en Santa Clara, Cuba.

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