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La transición del Sistema Electoral cubano: Organizaciones de masas, no sociales (IV)

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La transición del Sistema Electoral cubano: Organizaciones de masas, no sociales (IV)

El poder no pertenece al pueblo, sino al Partido. Y el Partido es castrista

La transición del Sistema Electoral cubano: Organizaciones de masas, no sociales (IV)
noviembre 02
15:03 2017

Al menos en apariencia, mediante el recurso de las Comisiones de Candidatura, los reformadores de 1992 resolvieron el problema de cómo nominar a los Delegados a las AAPP del PP y los Diputados a la AN del PP: Serían las organizaciones de masas y sociales, la supuesta sociedad civil revolucionaria, no el Partido, quienes lo harían. Todo un golpe de efecto en tiempos, la última década del siglo XX, en que en América Latina las organizaciones sociales sustituían a los partidos como formas supuestamente más legítimas de integración política de los sectores de izquierda.

Mas la realidad era, y es todavía hoy, que las organizaciones cubanas son por completo de masas pero no sociales. O sea, las mismas no eran ni son de integración voluntaria, y, más que para permitirle a un sector determinado de la sociedad civil agruparse para defender en común sus intereses ante el resto de la sociedad o el estado, funcionan como formas de encuadramiento y control de la sociedad cubana por el estado castrista.

Que no eran ni son de integración voluntaria lo demuestra el siguiente silogismo: Como no hace más de un lustro recalcara el vicepresidente Miguel Díaz-Canel, entonces Ministro de Educación Superior, “la Universidad es (solo) para los revolucionarios”; pero como lo demuestran algunos de los argumentos empleados por el rector de la Universidad Central de las Villas (UCLV), el compañero Alegría, para justificar la reciente campaña de expulsiones en dicha Alma Máter, ser revolucionario implica pertenecer a la FEU; ergo, es obligatorio pertenecer a la Federación de Estudiantes Universitario (FEU) para poder estudiar en una Universidad; condición sine qua non sin lo cual no creo que nadie pueda calificarse a sí mismo como un estudiante universitario: En Cuba o te integras a la FEU, o ve diciéndole adiós a tus ilusiones de hacer una carrera profesional.

Que en lo esencial solo sirven para la defensa de los intereses del estado castrista, o más específicamente de quienes lo dirigen, puede demostrarse al analizar un poco más de cerca el funcionamiento interno de la CTC, el sindicato vertical.

En cuanto a la pertenencia o no a este, es cierto que al menos en los últimos tiempos ha existido cierta tolerancia para con los remisos. Pero ello no implica que los tales remisos no sean quienes más posibilidades tienen de ser declarados no idóneos, en caso de que el centro laboral en cuestión se enfrente a un programa de reducción de su plantilla. Por otra parte, el apoyo casi absoluto (con algunas honorables excepciones), que la dirigencia baja, media y alta de la CTC le prestó a la decisión de Raúl Castro de aumentar la edad de jubilación, cuando en su mayoría la masa laboral se oponía a la misma, y cuando más que un exceso de plazas sin ocupar lo que existe en el país es lo contrario, un exceso de plazas inventadas para mantener las políticas clientelistas de pleno empleo, dan buena cuenta de las verdaderas lealtades de ese sindicato, al que no en balde hemos llamado vertical.

Dejar por lo tanto los procesos de nominación, excepto en el caso de los Delegados a las AAMM del PP, en manos de las organizaciones sociales y de masas del estado castrista, no marca ninguna diferencia efectiva con respecto a si se hubiera optado por simplemente dejarlos en las del Partido Único.

Pero la falta de credibilidad de esta solución no solo resulta del evidente carácter paraestatal de las llamadas organizaciones de masas y sociales; de su esencial carácter de herramientas para el encuadramiento de la sociedad cubana por el Autócrata de turno, y después por la camarilla trepada al timón del estado tardocastrista. Incluso las matemáticas privan de credibilidad a la solución encontrada para los nuevos procesos de nominación incluidos en la Ley 72, aun si las tales organizaciones no tuvieran ese carácter paraestatal antes demostrado.

Partamos de recordar que si en el caso de la nominación de los Delegados a las AAPP del PP y los Diputados a la AN del PP no se hace uso del mismo método empleado para nominar a los Delegados a la AAMM del PP, la razón está en los números de electores ahora implicados en dichos procesos. Si para nominar a los candidatos a Delegados a las AAMM del PP basta a lo mucho con un par de centenares de electores, en cada una de las áreas de nominación en que se divide la circunscripción electoral correspondiente, electores que en todo caso se conocen los unos a los otros de manera concreta, para nominar por un sistema análogo a los Diputados a la AN del PP los números necesariamente se disparan hasta hacerse inmanejables.

Primera parte de la serie: La transición del Sistema Electoral cubano: Los cambios constitucionales

Si tenemos en cuenta que según el artículo 14 de la Ley 72 la correspondiente circunscripción electoral promedio, para la elección de un Diputado, queda integrada por 20 000 electores, habría que establecer áreas de nominación de entre 2 000 y 3 000 (en caso de dividir la circunscripción en 8 áreas, que de hacerlo en un número menor de áreas habría muchos más electores en cada una de ellas); unos números que serían claramente inmanejables en asambleas públicas semejantes a las que se usan para nominar a los candidatos a Delegados municipales. Es absolutamente imposible que entre estos 2 000 o 3 000 electores exista un conocimiento suficiente y concreto como para que, sin echar mano de propuestas de programa de representación por los aspirantes a candidatos, pueda conseguirse consensuar una candidatura entre los innúmeros grupos de electores y propuestas entre los que se dividirá la asamblea correspondiente. Sin contar con que aun si al final cada una de las 8 áreas en que se divida la circunscripción típica, de 20 000 electores, consiguieran consensuar cada una un candidato único, sería también imposible que el día de la elección alguno de ellos se impusiera con más de la mitad de los votos correspondientes a toda la circunscripción. El resultado más probable en este caso sería que los votos se dividieran a razón de entre un 12 y un 13% de los mismos; o sea, que cada candidato más o menos obtendría los votos de los electores de su área correspondiente. En resumen, que las segundas vueltas en semejante sistema no serían la excepción, sino la regla.

Otra posible solución sería dividir la circunscripción en 50 o 100 áreas, para que en cada una los electores consensuaran un candidato, en cuyo caso: ¿Imagina alguien que sucederá cuando los votantes se enfrenten el día de la votación con boletas integradas por un número más o menos similar de candidatos…? Se necesitarían sucesivos procesos eleccionarios, segundas, terceras y hasta cuartas vueltas, para finalmente definir el candidato electo en esa larga y agotadora carrera en que los electores tendrían que gastar más de un domingo para elegir a su representante en la asamblea correspondiente.

Segunda parte de la serie: La transición del Sistema Electoral cubano: La transformación de la Ley

Los números, en fin, hacían inviable aplicar el mismo método de nominación directa de los Delegados municipales en sus barrios y por sus vecinos, al de los Delegados a las AAPP del PP y de los Diputados a la AN del PP. Se requería de alguna organización que al integrar a los electores pudiera de alguna manera hacerse cargo de la nominación. La solución, como hemos visto, fue utilizar para ello a las organizaciones sociales y de masas, encuadradas en las Comisiones de Candidaturas.

Pero aun abstrayéndose del verdadero carácter paraestatal de las organizaciones de masas y sociales, el uso de las mismas como sucedáneos de los partidos políticos solo podría ser creíble, en definitiva, si a su vez dentro de las organizaciones referidas existiera una verdadera democracia. O sea, si dentro de las organizaciones de masas y sociales existieran los mecanismos creíbles como para que la elección de sus direcciones respectivas, en el municipio, la provincia o la nación, que son quienes en definitiva designan a los representantes de las mismas en la Comisión de Candidaturas correspondiente, fuera en verdad un asunto democrático.

A esto nuevamente se oponen los números.

Observemos el caso específico de los CDR: Como al mismo se accede desde los 14 años, mientras el derecho al voto se adquiere dos años después, a los 16, es evidente que el número de cederistas es incluso superior al de ciudadanos con derecho al voto. En este sentido, si ya como hemos visto es un seriecísimo problema, al menos sin echar mano de la libertad de agrupación política, el nominar de manera creíble a los representantes del municipio ante las asambleas legislativas provinciales o nacional, ¿cómo suponer que puede justificarse la elección realmente democrática de las dirigencias municipales del CDR? Por no hablar de las a nivel provincial o nacional.

Elegir democráticamente a la dirección municipal de los CDR, en cualquier municipio del país, implicaría un engorroso proceso en que en primer lugar la nominación de los candidatos finales, los que se llevaran a votación popular, no podría ser directa, sino mediante al menos dos cadenas de compromisarios (compromisarios de los CDR que a su vez eligen a compromisarios de las Zonas, que finalmente consensuarían las candidaturas).

Tercera parte de la serie: La transición del Sistema Electoral cubano: El problema de la nominación

En la realidad esos dirigentes, municipales, provinciales, o nacionales, de legitimidad cada vez menos democrática, y ya poca desde un inicio, que son quienes en teoría designan a los miembros de las Comisiones de Candidaturas respectivas, son ellos mismos designados a dedo por las estructuras del Partido en el municipio y la provincia, y por la propia cúpula del estado castrista a nivel nacional.

La realidad es que al interior de las organizaciones de masas y sociales no existen los mecanismos democráticos verosímiles que permitan hacer creer que el recurso de pasarles a ellas, como formas de agrupación ciudadana, la responsabilidad de la nominación de los Delegados a las AAPP del PP, y Diputados a la AN del PP, se justifique.

Continuará…

Sobre el autor

José Gabriel Barrenechea

José Gabriel Barrenechea

Investigador y periodista independiente cubano, durante años ha estado escribiendo artículos sobre cultura, historia y actualidad cubana para publicaciones independientes en la isla y el exilio, entre ellas 14ymedio, Convivencia, Cubaencuentro, Cubanet y Voces. También ha pertenecido al equipo editorial de revistas independientes como Cuadernos de Pensamiento Plural. Reside en Santa Clara, Cuba.

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