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Plan México, solución a la narcoviolencia

Plan México, solución a la narcoviolencia

junio 20
16:25 2012

1-0_aaa_Pena-Nieto2México está bajo el acoso de fuerzas criminales. El ejército y la policía enfrentan en lucha cruenta a las bandas de narcotraficantes. Durante decenios estos pandilleros han acumulado fuerzas, organización y capital bajo el contubernio y colaboración de gobiernos corruptos. En los seis años de frontal combate, los narco delincuentes se valen de una siniestra táctica de terror, atacando salvajemente a la población, dejando una estela de muertes que supera las ocasionadas en la guerra de Irak y Afganistán. Intentan obligar a clamar la paz a toda costa al gobierno del presidente Felipe Calderón. No es de extrañar entonces que la sociedad civil, por intermedio de sus representantes más activos, como es el caso del renombrado poeta Javier Sicilia y sus seguidores, reclamen un cese de las hostilidades debido a la enorme cantidad de bajas, sobre todo civiles, que provoca el conflicto.

Pero el peligro de que la nación pueda ser arrastrada por los forajidos a transformarse en un Estado Fallido está precisamente en darles cuartel. ¿Qué esperan estos líderes cívicos que hagan las fuerzas armadas y la policía mexicana frente a esa amenaza? ¿Qué probabilidades de solución surgiría de la alternativa de un diálogo nacional? No hay acuerdos posibles con unos individuos que, dado el poder que administraciones anteriores le permitieran adquirir, se proponen apoderarse del país y transformarlo en una gigantesca base de operaciones para el narcotráfico y cuanto delito puedan poner en práctica.

La similitud del caso mexicano con la hermana nación colombiana tiene más de una coincidencia. En el país suramericano también se impuso tiempo atrás una poderosa fuerza ilegal armada. Con el tiempo, se alió en método y procedimiento a delincuentes comunes, y se organizaron alrededor del narcotráfico y el secuestro y la extorsión para financiar sus actividades terroristas. La lasitud, corrupción y componenda de diversos gobiernos facilitaron que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos militares y paramilitares transformaran esa nación en un infierno de inseguridad. Decenas de miles de muertos, secuestrados y desplazados fomentaron la dramática realidad de aquella Colombia. El conflicto se fue expandiendo por todo el país y hasta en la capital los actos de terrorismo pasaron a estar a la orden del día.

El gobierno del ex presidente Andrés Pastrana llegó al colmo de concederles a las FARC, el grupo armado más poderoso, todo un enorme pedazo de territorio colombiano, conocido como Zona de Exclusión. Los deseos expresados de conciliación nacional del presidente y de los grupos de paz a través de un diálogo con los insurrectos armados tuvieron un precio demasiado alto. Repentinamente, cientos de miles de ciudadanos colombianos residentes de esa zona cedida a los narcoguerrilleros se vieron en la posición de víctimas indefensas atrapadas bajo la ley de horca y cuchillo de una pandilla violenta. Como nefasto resultado de la ingenuidad política del gobierno y los deseos de una sociedad civil ansiosa de paz a cualquier precio, el conflicto se expandió como nunca antes, y llegó a convertirse en una guerra en toda la línea contra el pueblo y la institucionalidad del país. De hecho, Colombia tomó un rumbo cada vez más parecido a una nación fallida, donde los delincuentes dictaban las condiciones, tal como ahora ocurre en algunos países de África subtropical.

Esta situación dio un sorprendente giro con el acuerdo de nuevos gobiernos colombianos con el gobierno estadounidense para combatir con métodos modernos y poderío militar a los grupos violentos del país. Ese proceso de enfrentamiento del terrorismo culminó en el acuerdo denominado Plan Colombia. Gracias a la ayuda y asesoría norteamericana, por primera vez el ejército y la inteligencia militar colombiana comenzaron a imponerse en la desigual lucha.

De una situación táctica donde sus efectivos estaban siendo superados por el poder económico que les otorgaba a las guerrillas el narcotráfico, la balanza militar comenzó a inclinarse a su favor. Fue durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe cuando los mayores golpes contra los grupos armados y el narcotráfico comenzaron a desbaratar la influencia que ejercían en todo el país y se inició el camino de retorno a la seguridad ciudadana y a la paz nacional. Y quede claro que no se trató de la buena voluntad de los violentos alzados lo que condujo al actual desenlace, sino el peso de las armas y la decisión de derrotar a los delincuentes que aterrorizaban a la población.

El caso de México se aproxima mucho a ese antiguo escenario de violencia, mas goza de dos ventajas geográficas que lo benefician en su lucha por una paz convincente. En Colombia, pese a los renovados y demoledores triunfos de las fuerzas constitucionales, las fronteras y el contubernio de los gobiernos de países limítrofes han permitido que a última hora las pandillas armadas acosadas crucen hacia el otro lado. Allí se refugian en sus bases sin ser molestados por las autoridades de Venezuela y Ecuador. El connotado caso de la muerte de uno de sus principales jefes, Raúl Reyes, reveló la tranquilidad y sosiego que disfrutaba su grupo dentro del territorio ecuatoriano. Sin embargo, pese a esta revelación de tolerancia, y hasta colaboración, con los grupos armados insurgentes, dichos gobiernos han continuado esa mala práctica.

Por suerte para México, no padece esa múltiple porosidad fronteriza. Y, además, tiene como vecino a un poderoso colaborador interesado en la lucha, derrota y aniquilación de esas pandillas que desafían la voluntad soberana de los gobiernos elegidos y la civilidad. La nación mexicana pudiera beneficiarse de una alianza con los Estados Unidos similar a la del Plan Colombia. Pero para ello necesitan desembarazarse de dudas y viejos resentimientos. El nacionalismo acérrimo que impediría negociar tal acuerdo tiene recientes manifestaciones en diputados nacionales ante el Congreso de ese país. Algunos hasta rechazan el uso de los novedosos aviones espías, los drones norteamericanos, sobre el territorio de México. Utilizados como un instrumento poderoso y eficaz en la lucha contra los grupos de narcotraficantes, han sido calificados como engendros de espionaje encubierto de los “yanquis” sobre el sagrado suelo de la patria mexicana con quién sabe qué malsanos propósitos. Reservas ridículas como esas, a estas alturas del sangriento conflicto, más parecen para beneficio de los delincuentes que otra cosa.

Hay que dejar atrás el trasnochado lema de “¡Pobre México, tan lejos del cielo y tan cerca de los Estados Unidos!”. A la patria de Benito Juárez le es imperiosa una alianza con los Estados Unidos para enfrentar a los delincuentes con dos frentes de combate coordinados. A los dos países les sería muy conveniente anular a las bandas de delincuentes altamente organizados que tienen su mayor mercado en el territorio norteamericano. El éxito del proyecto tendría resultados mucho más alentadores y rápidos que los alcanzados por el Plan Colombia. Y se debería a las ventajas que otorga la geografía con una frontera común entre México y Estados Unidos. Las coordinaciones entre ambas naciones tendrían una base de organización y mutuo intercambio de información y operatividad que ya tiene un sustento legal y funcional con el Tratado de Libre Comercio (TLC) que actualmente está en vigencia entre los dos países y Canadá.

Un consolidado resultado en esta dirección tendría gran efecto a nivel continental. En primer lugar, porque ayudaría al gobierno colombiano en su lucha contra los remanentes guerrilleros que aún asolan su territorio. Una parte de esas exportaciones ilegales colombianas se contrabandean hacia Europa, pero la mayor cantidad la negocian con los cárteles mexicanos para su introducción en los Estados Unidos. Por tanto, se anularía o disminuiría enormemente este jugoso mercado y como consecuencia debilitaría más la capacidad de soborno, rearme y reorganización que logran estas pandillas en los territorios colindantes de los países vecinos de Colombia.

Así que una alianza en un, digamos, “Plan México”, para luchar contra la narcoviolencia pudiera constituirse en una meta continental de mutuo beneficio tanto para Estados Unidos, México y Colombia como para el resto del Hemisferio. La creciente insurrección de Sendero Luminoso en Perú busca colocarse como proveedor de coca para la emasculada guerrilla colombiana. Y la persistencia del gobierno de Evo Morales en Bolivia por defender crecientes cultivos de coca en su país no puede verse como una inocente casualidad, dado su abierto odio por los Estados Unidos y su fraternal simpatía por la insurgencia narcotraficante de Colombia.

Por otra parte, los países de Centroamérica se verían librados de la invasión de grupos narcoterroristas. Con su gran capital y capacidad de corrupción las bandas criminales de traficantes representan una verdadera amenaza, porque están en capacidad de envenenar las instituciones y superar las posibilidades de las pequeñas fuerzas armadas, policiales y de inteligencia de la región, las que no cuentan con los medios idóneos para combatirlas. Las Maras, esas pandillas en extremo violentas  que se han expandido como una lepra por toda esta área, pujan por convertirse en los garantes del tráfico hacia México. De ahí que campañas como la del presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, que buscan la aceptación de la legalidad de las drogas, sean una mala opción. Algo así facilitaría el actuar de esos grupos, que convertirían a los países centroamericanos en nuevas bases para continuar el tráfico. La reciente noticia de tropas de las FARC avizoradas en territorio panameño confirma este aserto.

La soberanía, institucionalidad y la paz de los ciudadanos mexicanos sufre la misma amenaza  que la de los colombianos. El pueblo de México no puede abandonar ni dejar de darle sostén al enérgico enfrentamiento que sostienen las fuerzas de su gobierno con las despiadadas bandas del narcotráfico. A esa sociedad le corresponde asumir su propia responsabilidad en el presente estado de cosas. Estas pandillas gozan del nivel de riqueza y poderío que ahora hace sufrir y aterrorizar a la sociedad gracias a la corrupción que fomentó durante más de setenta años de continuo poder el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Partido político que pudo lograr tan nefasto continuismo porque el pueblo mexicano, a cambio de prebendas y componendas de corruptela prometidas, le dio una y otra vez su voto mayoritario en las elecciones.

No se debe ignorar la lección universal de que, de una u otra manera, los pueblos siempre son cómplices de los gobiernos que tienen; más ahora, cuando dos candidatos de partidos poco recomendables como el PRI y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) le vuelven a hacer carantoñas para ganar sus votos en las cercanas presidenciales. El PRI, con Enrique Peña Nieto a la cabeza, por la historia que arrastra y que lo descalifica como solución para conducir los destinos de la nación. Y el PRD porque viene con un trillado proyecto de estatismo y Sociedad Benefactora liderado por Manuel López Obrador, que ahora mismo está haciendo aguas en todo Occidente, además del agravante que representan ambos candidatos por la posición común de desaprobación de la política actual de lucha determinada contra la narcoviolencia.

Al futuro proyecto de gobierno en Cuba, una vez liberada de la dictadura castrista, tampoco le conviene la existencia de poderosos cárteles de la droga en el área latinoamericana. El país saldrá muy débil en todos los sentidos de la larga enfermedad del totalitarismo. Sería una víctima fácil de esas pandillas, convirtiendo al archipiélago en una nueva Tortuga de piratas narcotraficantes y un dolor de cabeza terrible para el país vecino de los Estados Unidos.

Este “Plan México” u otro similar sería un proyecto enmarcado dentro de un verdadero y concreto concepto de integración continental, una lucha a favor de la civilización, no el excluyente y politizado principio que pretende imponer el último proyecto bolivariano, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), intentando ignorar a los Estados Unidos y Canadá. A fin de cuentas, hay algo bien hipócrita, mal intencionado, y falso en una intención fraguada en la región que pretende tal absurdo a la vez que se beneficia de este Norte excluido siendo receptores de los mayores volúmenes de inversión, envío de remesas, venta de materias primas y reservorio para la inmigración de la fuerza laboral que sus propias ineficiencias no logra cubrir.

Los errores del pasado no tienen que ser la cruz eterna para el futuro. El pueblo de Cuba de igual forma cometió la terrible equivocación de apoyar a un grupo de criminales disfrazados de justicieros y de creer ingenuamente sus promesas. Sin embargo, al igual que el México de hoy, que la Colombia decidida adecentar su suelo, que una América Latina bamboleada por populismos pero con una decidida marcha hacia la democracia, el Estado de Derecho y la integración a las bienhechoras influencias que a todos trae la globalización, la patria de Martí también tendrá oportunidad de reemprender el camino del progreso si acepta luchar contra los males que por sí misma engendró.

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